El planteamiento sesgado que ha puesto sobre la mesa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los Informes que emite sobre los proyectos de aprobación de estatutos colegiales -como los recientes que afectan al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y al Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial- con el ánimo de iniciar una “reforma profunda” en la normativa que regula los Colegios y servicios profesionales ignora la garantía institucional de los colegios profesionales y la relevancia que tienen los servicios profesionales en el dinamismo de la economía española y su perfecta coherencia con la normativa europea.No es la primera vez que el regulador trata de abordar esta cuestión, que sin duda esconde un propósito liberalizador más hacia posturas radicales que ya se han manifestado en el pasado en vez de sopesar el valor de los servicios profesionales en la marcha del conjunto de la economía. No se puede olvidar que el denominado subsector de los servicios profesionales tiene un peso específico en la economía nacional que alcanza el 16% del tejido empresarial (512.000 empresas cuya actividad principal son las profesiones) y representan el 11% del total de los autónomos en España (datos de 2016).Competencia soslaya, sorprendentemente, las reformas recientes que ya se han realizado en este ámbito, principalmente reflejadas en la implantación y desarrollo en nuestro ordenamiento, a través de la Ley Ómnibus y la Ley Paraguas, de la Directiva de Servicios.

Incluso, el regulador hace mención a una serie de restricciones detectadas que no existen a día de hoy, precisamente porque ya se han liberalizado recientemente. Es el caso de los visados, que sufrieron una profunda revisión y liberalización en 2010, es decir hace ahora siete años. O el acceso a la actividad pericial ante los tribunales, que también se encuentra de libre acceso y no existen restricciones actualmente.

Nuevamente, el propósito liberalizador también desconoce cuáles son actualmente las tendencias existentes en el espacio europeo, donde se parte de un análisis que sólo contempla una serie limitada de actividades profesionales y bajo unos parámetros muy concretos que muestran el excesivo ánimo regulador que pretende Competencia, por lo que al final se estaría desregularizando más de lo que se propone desde la Comisión Europea y la OCDE.

En este ámbito una de las claves principales es establecer una clara diferenciación entre lo que es la liberalización del ejercicio profesional y, por otra parte, liberalizar en lo que afecta a los propios colegios profesionales.

Cuando se produce una liberalización hay que aludir de manera primordial a permitir una mayor confluencia de operadores si eso posibilita que se compita en calidad y mejores servicios profesionales. Ahí los Colegios jugarían un papel central dada la función social que en la realidad diaria desempeñan, pues la garantía institucional de los Colegios Profesionales se extiende a su reconocimiento como entes sociales de carácter representativo de base democrática que agrupa a quienes ejercen una determinada profesión para la defensa de intereses públicos y privados sin
que su existencia suponga carga económica alguna para el Estado, ni para los ciudadanos.

La introducción de mayores factores de competencia no está reñido con que exista una corregulación y autorregulación por parte de los colegios profesionales (control de legalidad del gobierno y régimen interior y la deontología). Ambos elementos fomentan la competencia con las premisas de estándares de calidad y atención a los consumidores.

Es importante, entonces, realizar planteamientos que introduzcan una regulación equilibrada, mejorando el sistema actual, dada la relevancia que tienen en la economía los servicios profesionales. Sería un buen comienzo por parte de la CNMC, que no debe olvidar que la Directiva europea de Servicios reconoce a los colegios profesionales como autoridades públicas competentes en la regulación de los servicios profesionales.

Y todo ello, dado que los colegios profesionales son corporaciones de derecho público protegidas constitucionalmente en lo que se refiere su régimen organizativo y funcional. La garantía institucional de los colegios profesionales, que deriva de su constitucionalización en el artículo 36, se extiende no solamente a asegurar su existencia en términos nominativos sino a su recognoscibilidad, al reconocimiento de los colegios profesionales como entidades de carácter representativo de base democrática, que agrupan a quienes ejercen una determinada profesión, para la prosecución y defensa tanto de intereses públicos como privados.