El Gobierno, en su empeño de reformar los colegios y los servicios profesionales, argumenta una y otra vez que sigue directrices europeas, pero en realidad su proyecto se aleja tanto del planteamiento de la Comisión Europea como de la realidad española. En octubre se publicó el comunicado de la Comisión Europea sobre evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones y en esa misma dirección el Gobierno español basa su Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. En el comunicado se expone:

”La Comisión Europea ha instado a una revisión de las restricciones en profesiones reguladas para suprimir barreras injustificadas o desproporcionadas de acceso, y llegar a una regulación más flexible, que favorezca la movilidad, el empleo y el crecimiento económico. La Comisión añade como objetivos la ayuda al consumidor ante el riesgo de posibles deficiencias del mercado, con una regulación que especifique los conocimientos técnicos y las competencias con que deben contar los profesionales para garantizar la protección de los consumidores, del interés público y los efectos externos para terceros”.

En España podemos y debemos mejorar la regulación equilibrada de los servicios profesionales para preservar su calidad y proteger a los usuarios, clientes y consumidores, pero en ningún momento la Comisión Europea insinúa la supresión o eliminación de la colegiación o la reserva de actividad, como plantea el Gobierno.

Particularidades

El mercado de servicios profesionales tiene una dinámica muy diferente a otros mercados, y su desregulación puede tener un alto coste social en los derechos de los ciudadanos, ya que los servicios profesionales son bienes de confianza por la dificultad del cliente para comprobar el nivel de calidad anteriormente o durante la prestación del servicio; de ahí la necesidad de un control de que todo aquel que presta un servicio profesional lo hace con las máximas garantías.

El millón y medio de profesionales colegiados en España constituyen un fuerte motor de la economía y un ejemplo de competitividad. Su práctica se basa en la responsabilidad, la independencia, la experiencia y la ética, y desarrollan una labor social que en muchas ocasiones va  más allá del acto profesional, lo que les hace dignos de admiración y respeto.

La colegiación es el mecanismo más eficaz para garantizar la calidad de los servicios  mediante un control independiente, especializado y sin coste para el usuario ni para el erario público de la práctica profesional.  Además, vela por el cumplimiento de los códigos deontológicos en cualquiera de las actividades que desarrollan estos profesionales.

La desregulación de los servicios profesionales bajará la calidad, porque son bienes de confianza

Los colegios en España, como entidades de derecho público protegen los derechos de los  ciudadanos a recibir servicios profesionales de calidad mediante el asesoramiento técnico y la formación continuada, forman parte activa de la sociedad civil organizada y tienen la encomienda delegada por la Administración de la revisión y el control de los proyectos en las profesiones técnicas, potenciando el servicio a la sociedad  y su papel de colaboración eficiente con las Administraciones públicas, y ésta labor de servicio a los ciudadanos sólo es posible desde la colegiación obligatoria.

La desregulación planteada en el Anteproyecto de LSCP no se justifica en modo alguno por las directrices europeas. Nace en varios casos de errores de apreciación del trabajo real de los Colegios y sus profesionales, y servirá para destruir, sin alternativa, un elemento de participación y ordenación de la sociedad civil que debería ser clave para la evolución del sistema económico y social hacia campos más eficientes, más transparentes y más responsables.

Sonia Gumpert
Presidenta de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid

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