FORO DE DEBATE: LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Date: Dec 03, 2015

Con motivo del XX Aniversario de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el pasado día 3 de diciembre de 2015, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), a través de su Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, celebró con gran éxito de asistencia, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, un Foro de Debate sobre la Responsabilidad Penal del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, en el que prestigiosos especialistas expusieron el estado actual de la cuestión, contando con la participación de todos los agentes implicados, desde la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, Magistratura y Letrados, hasta los propios Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.

La inauguración corrió a cargo de Sonia Gumpert, presidenta de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y de Mª Teresa Estevan Bolea, vocal de la Junta Directiva de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. En sus respectivas intervenciones, ambas relataron la trascendencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la importante labor que desempeñan los Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, e hicieron hincapié en las responsabilidades que el ejercicio de esta profesión lleva aparejadas, ya que si hay una materia que preocupa de manera especial a los profesionales en el día a día, esa es la responsabilidad que puede serles exigida judicialmente por los actos realizados en el desempeño de su profesión.

Tras la inauguración tomó la palabra, Laura Vela Callejo, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, quien quiso poner en conocimiento de los presentes que tanto la actuación como el procedimiento de la labor de la inspección no se realiza de forma arbitraria, sino que está regido por una serie de normas, que emanan del Artículo 40.2 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Así mismo señaló que según el Artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el responsable máximo de la seguridad y salud en el trabajo es el empresario, que es quien debe poner los recursos para garantizarlos. Para finalizar también explicó que existe un protocolo de actuación con la Fiscalía, a la que se informa de todos los accidentes laborales muy graves o mortales.

Por su parte, Ángel Javier Muñoz Marín, Fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral, recordó que en el año 2006, como medio de lucha contra la siniestralidad, se crea la Fiscalía especialista en Siniestralidad Laboral, ya que con anterioridad a esa fecha todos los accidentes se derivaban a  juicio de faltas y no se exigía responsabilidad penal. Se limitaban a intentar compensar o resarcir a las víctimas de los accidentes laborales por los daños sufridos.

Explicó que cada accidente debe ser investigado para conocer las causas y el origen de las mismas, lo que resulta muy complicado, habiendo que determinar quién es el responsable y, además, porqué lo es. Concluyó comentando que un técnico de prevención es condenado cuando realmente realiza u omite algo muy grave, exponiendo, como ejemplo, el caso de un técnico que realizaba sus gestiones por teléfono sin visitar físicamente los puestos de trabajo.

El siguiente ponente, David Cubero, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, a través de una exposición muy amena, quiso recalcar que para la respuesta penal, el juez no está solo, sino que para decidir cuenta con la información que le llega de las distintas fuentes, como son: el informe de la inspección de trabajo, la fiscalía, los abogados, especialistas en la materia, peritos, etc. ya que un juez no puede tener conocimientos universales de toda la ciencia. Asimismo, expuso que sólo se castigan por la vía penal las infracciones groseras, es decir, que si el técnico actúa diligentemente, no sufrirá castigo.

Posteriormente, comentó que una denuncia no significa una condena, e informó de los nuevos cambios en el Código Penal, que sustituyen el término “imputado”, que suena a culpabilidad, por el de “investigado”, que parece más adecuado. También quiso diferenciar entre la responsabilidad civil —que responde económicamente por los daños producidos y que es la obligación de reparar—, y la responsabilidad penal —que es la comisión de un delito y puede producir multa, cumplimiento de pena, prisión e inhabilitación profesional, y que está reservada para las conductas dolosas graves, es decir, para las negligencias más notorias, para lo más grosero—.

Por ello, existe siempre primero una fase de instrucción o de investigación para determinar lo que ha ocurrido y no siempre se pasa a la siguiente fase, sino que la mayoría de las veces se produce un sobreseimiento. En caso de que, efectivamente, se aprecie que hay delito, se pasaría a la siguiente fase, que es el juicio oral.

Quiso aclarar que cuando existe castigo penal para el Técnico de Prevención, suele ser por los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal. Explicó que los artículos 316 y 317 del Código Penal contienen las modalidades dolosa e imprudente, respectivamente, de los delitos de riesgo grave para la integridad física o la vida de los trabajadores y el artículo 318 es para los casos en los que los delitos se atribuyeran a personas jurídicas.

Para finalizar su exposición comentó que el problema de la administración de justicia es la lentitud por falta de medios y que, si cabe, en los casos de siniestralidad laboral es todavía peor, por lo que puede haber retrasos de 5, 10 y hasta 15 años.

Tras él intervino Carolina Cardillo, abogada experta en temas de responsabilidad, quien comenzó haciendo historia de cómo eran las cosas antes de la Ley de Prevención, la necesidad de esta Ley y de lo mucho que han cambiado todo a lo largo de estos 20 años de la Ley de Prevención. Expuso que en los inicios de la misma, los jueces tenían dificultad para entender porque había tantos intervinientes relacionados con la prevención: el delegado de prevención, el técnico de seguridad, el coordinador de seguridad, el trabajador designado, etc, añadiéndose como dificultad que tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como toda la normativa relacionada son muy técnicas.

También hizo notar que existen muchos accidentes laborales que no generan sentencia porque llegan a un acuerdo entre las partes antes del juicio, a esto ayudó mucho el aseguramiento de la responsabilidad civil.

Asimismo, resaltó la dificultad de explicar la diferencia entre la tenencia de la función y la práctica de la función del trabajador al juez, indicando que hay que hacer una valoración inicial de la concurrencia cuando el trabajador también interviene en la consecuencia y además es causa, porque existe la creencia de que el técnico de prevención debe proteger al trabajador incluso de su propia imprudencia.

Destacó que el número de condenas se deben a incumplimientos formales fácilmente detectables como evaluaciones de riesgos insuficientes o erróneas, medidas preventivas insuficientes, obras que se inician sin requisitos previos, etc.

Por su parte, Andreu Sánchez, responsable del departamento de asesoría jurídica de ASPY Prevención, señaló que según su experiencia, al técnico de prevención se le suele llamar como testigo, pero no se le suele imputar.

También hace mención de la importancia que tienen los términos riesgo no contemplado, riesgo no previsible y riesgo no contemplable, así como las dificultades de separar los temas de seguridad industrial, con su propia normativa, de los temas de mantenimiento de máquinas.

Desde su experiencia, indicó que siempre se trata de imputar al técnico de prevención de los servicios de prevención ajenos porque los servicios de prevención ajenos tienen la obligación de suscribir pólizas ilimitadas y eso favorece las contraprestaciones de la víctima, pero que desde su experiencia ha padecido pocas condenas a técnicos, resaltando que si se juntan varias penas se podría llegar a una situación crítica para el técnico de prevención porque se podría llegar a los dos años y eso significaría prisión.

A continuación, tomó la palabra, Ignacio García, técnico de un servicio de prevención propio y quien también ha trabajado como técnico en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo énfasis en la importancia de la documentación, de documentar adecuadamente todas las actuaciones, ya que de los pocos técnicos condenados algunos son precisamente por no documentar, no basta con decir las cosas vía oral.

Dejó claro que la evaluación de riesgos es sólo un documento inicial, pero que la prevención debe ser continua, y que la misión del técnico es la de asesorar al empresario principalmente y que existe un error muy frecuente al asumir funciones que no son propias del técnico de prevención, como perseguir a los trabajadores para la utilización de los EPI´s, etc.

En las intervenciones posteriores de la mesa redonda el fiscal señaló que se producen más sobreseimientos que aunque es mucho más juicios, difícil fundamentar un sobreseimiento que una acusación y que se debe valorar cada individualizada caso de ya que el forma técnico es el que asesora y apoya y el empresario el que decide, pero a veces el técnico tiene otras funciones asignadas y por eso es necesario imputar para poder investigar adecuadamente.

Por su parte la inspectora expresó su opinión respecto a que el gran fracaso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que ha día de hoy no está integrada en la empresa, se le da un excesivo protagonismo a la evaluación de riesgos y sin embargo no se elaboran procedimientos de trabajo claros y específicos.

Sobre las indicaciones de documentar, la abogada aconsejaba no abusar de la literatura porque podía tener doble filo, y documentar sobre todo lo importante a lo que el magistrado añadió que en especial se deben documentar las actuaciones del técnico tales como el asesoramiento, las indicaciones orales, etc.

En conclusión, si el técnico actúa con diligencia y documenta adecuadamente todas sus actuaciones no debe temer que se le exija responsabilidad penal por sus actos.

Dª. Sara Fernández Martín, D. Daniel Sánchez Gallo y D. Juan Jiménez Pinillos
Coordinadores de la Jornada y Miembros de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid